Desde Fundación Glaciares Chilenos manifestamos nuestra preocupación ante la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina, una normativa que desde 2010 protegía los glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y los ecosistemas.
Esta medida representa un riesgo no solo para los glaciares del país trasandino, sino también para la región en su conjunto, tanto por sus posibles impactos en cuencas hidrográficas compartidas como por el precedente que establece en materia de legislación ambiental.
La modificación a la Ley de Glaciares en Argentina, aprobada en abril de 2026, implica un cambio significativo en el espíritu original de la ley, al flexibilizar su marco de protección y permitir la intervención de zonas periglaciales bajo criterios unilaterales. Entre los principales cambios, se encuentra el traspaso de atribuciones a las provincias, que ahora podrán definir qué áreas pueden ser intervenidas, así como la posibilidad de habilitar actividades mineras en estos territorios en función de su “relevancia hídrica”.
Manifestaciones frente al Congreso en Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. Fotografía: BBC Mundo
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Impacto ambiental y riesgos asociados
En este contexto, como Fundación Glaciares Chilenos, consideramos que esta reforma constituye un grave retroceso en la preservación de estas reservas de agua clave, altamente sensibles y fundamentales para la regulación climática y el abastecimiento hídrico de las comunidades. Asimismo, la descentralización de los criterios de resguardo podría generar estándares dispares entre provincias, debilitando la protección ambiental y priorizando intereses económicos por sobre su conservación.
“Las implicancias de esta reforma trascienden las fronteras de Argentina. La cordillera de los Andes es un cordón montañoso compartido entre distintos países y es hogar de la mayor superficie de glaciares de Argentina y Chile, cumpliendo un rol esencial en la dinámica hídrica regional. Intervenir zonas periglaciales puede afectar sistemas hídricos, alterar flujos de agua y generar impactos en entorno natural que no reconoce límites políticos”, explica Felipe Espinosa, Director de Fundación Glaciares Chilenos.
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Glaciar Perito Moreno. Patagonia argentina. Fotografía: Daniel Beltrá, Greenpeace
“Lo ocurrido en Argentina marca un precedente regional en materia de regulación ambiental que podría influir en el debate en Chile. Además, el actual gobierno argentino de Javier Milei, impulsor de esta reforma, es parte de un sector político aliado a nuestro actual gobierno en Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast. Esta mirada tiende a considerar la protección de la naturaleza como un obstáculo para el desarrollo económico, lo que es especialmente preocupante en contextos de crisis climática” enfatiza Constanza Espinosa, Directora de Fundación Glaciares Chilenos.
José Antonio Kast como presidente electo en la Casa Rosada junto al Presidente de Argentina, Javier Milei. Diciembre 2025. Fotografía: Emol
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La urgencia de una Ley de Glaciares en Chile
En Chile, esta discusión es urgente. En más de veinte años han sido presentados seis proyectos de ley de glaciares y ninguno ha sido aprobado. A ellos se suma una agenda orientada a agilizar la aprobación de proyectos extractivos, más que a fortalecer la fiscalización ambiental.
Chile cuenta con más de 26 mil glaciares en todo el país y representan cerca del 80 % del total en Sudamérica. En ese contexto, lo ocurrido en Argentina constituye una señal de alerta sobre el tipo de decisiones que podrían replicarse si no se fortalecen marcos regulatorios y las políticas públicas destinadas a proteger estos ecosistemas.
Los glaciares y ambientes periglaciales son reservas de agua vitales, especialmente en el actual contexto de crisis climática y escasez hídrica. Su deterioro compromete no solo la biodiversidad, sino también la calidad de vida y la disponibilidad de agua para la población.
Por ende, como Fundación Glaciares Chilenos hacemos un llamado a la protección del patrimonio glaciar a nivel regional y en nuestro país, entendiendo que la seguridad hídrica y la resiliencia climática dependen de decisiones responsables que prioricen el cuidado del agua y la naturaleza por sobre intereses estrictamente económicos.
Proteger los glaciares no es detener el progreso, es proteger nuestro futuro.
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Glaciar Pío XI, región de Magallanes. Fotografía: Adam Spencer
Imagen destacada: Manifestaciones frente al Congreso en Argentina en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. Fotografía: BBC Mundo.
Como glaciólogo argentino, celebro la preocupación chilena por sus glaciares, tal como la preocupación argentina. Sin embargo, esto que publican contiene varias inexactitudes y algunas falsedades; coincidentes en buena medida con el discurso de ignorancia que se observó y observa en la redes sociales y en medios periodísticos, durante el proceso de saneamiento y necesario cambio de la ley 26.639. Yo mismo, y otros colegas, nos hemos ocupado de apoyar este cambio, no sólo por los numerosos vicios, ambigüedades y arbitrariedades de la ley anterior sino también evitando que la ley nueva caiga cuestiones similares o peores. En primer lugar, la ley anterior cae en una generalidad inadmisible de pretender proteger «todo un ambiente», el periglacial, al que define incorrecta y confusamente, en vez de proteger a aquellas geoformas del mismo, que posean función hídrica, del mismo modo que, correctamente, protege a los glaciares y no a todo el ambiente glacial. En segundo lugar, entender que el Inventario Nacional de Glaciares es una resultado científico, y como tal debe ser validado por terceras partes. El IANIGLA (donde trabajé 44 años antes de jubilarme hace 2) ha elaborado un excelente inventario, pero no es excepción a esa regla. No son la Santa Inquisición. Hoy mismo hay crioformas que ya han desaparecido, y quitarlas del inventario (como bien prevé la nueva ley) no puede aguardar a la siguiente actualización cada 5 años, para colmo con imágenes de cada 10. Son precisamente las provincias, con sus propios órganos científicos y universidades de sede local, además formalmente reconocidas por el IANIGLA, quienes como tutelares del dominio del territorio, deben impulsar esa revisión permanente. En tercer lugar, es falso que se desprotegen glaciares; la protección precisamente se centra en glaciares verdaderos, y no en figuras ambiguas. Las fotos de enormes y hermosos glaciares que se vienen difundiendo, y que ustedes no dudaron en postear también, son un argumento falaz de supuesta desprotección de algo que queda taxativamente protegido por la ley, antes y después de su modificación. Los científicos no podemos sostener una postura ambientalista sobre la base de defender una norma tosca, incompleta, plagada de falsedades y no reglamentada. Todo lo contrario, debemos propender a su mejora, por fuera de la ideología. Si ello permite o no la minería, la hotelería, o los caminos, es harina de otro costal. Pero no esgrimiendo una torpe mentira. Finalmente, debo decir que los cambios en la ley fueron incompletos, habiendo debido comenzarse por arreglar las definiciones erróneas, cosa que no se hizo. Ahora el desafío es reglamentar la ley de un modo rebuscado para tratar de salvar las incongruencias que quedaron entre la parte buena y la parte mala. Espero que Chile comprenda estos hechos y desarrolle su ley sin las trapisondas que hubo desde ambas partes. Saludos desde Mendoza.